El proceso de internacionalización de la empresa española ha recibido un fuerte impulso en los últimos años. Una tendencia que representa desde el punto de vista de la movilidad de trabajadores una importante labor de gestión para las empresas, que abarca desde la aplicación de un régimen jurídico y fiscal específico para los empleados desplazados hasta el conocimiento exhaustivo de la normativa de seguridad social vigente en cada país de destino. Aspectos a los que se suman otras variables que pueden suponer también un riesgo para las organizaciones y los propios profesionales, como la coyuntura geopolítica o la estabilidad social de los nuevos lugares de residencia. Cuestiones de gran relevancia tanto si la expatriación es temporal como permanente.
La oportunidad de vivir y trabajar en el extranjero, no obstante, sigue resultando especialmente atractiva para muchos trabajadores que ven en ella una experiencia personal de gran valor además de un trampolín profesional para el futuro. Entre 2015 y 2017, según las últimas estadísticas hechas públicas por la Asociación de Movilidad, el número de directivos españoles expatriados creció un 35% hasta las 11.500 personas, síntoma de la cada vez mayor presencia internacional de las compañías españolas. Una tendencia que se ha intensificado desde el estallido de la crisis económica y que se mantendrá imparable durante las próximas décadas.
A pesar de interés de muchos directivos por disfrutar de esta experiencia, no todos están dispuestos a dar el paso sin el apoyo y reconocimiento de sus organizaciones. En este sentido, contar con planes integrales que abarquen desde el incentivo económico hasta las facilidades para la búsqueda de residencia y de centros escolares para los más pequeños, son clave para lograr la movilidad de los profesionales más cualificados.