Mercer prevé que la reforma laboral aumente el uso de los contratos fijos discontinuos

 

  • La norma, de llegar a aprobarse, supondrá un impacto para las empresas a la hora de planificar a medio y largo plazo su contratación temporal.
  • Mercer prevé que la Ley de Pensiones de la Seguridad Social y la Ley de Presupuestos provoquen una menor flexibilidad para acceder a la jubilación y una mayor complejidad para las empresas en sus procesos de salidas y renovación de plantillas.
  • Por otra parte, el Proyecto de Ley de “Startups” permitirá importantes beneficios fiscales para aquellas empresas que tengan la consideración de “empresas emergentes”, entre otros requisitos que tengan su sede permanente en el país y con al menos un 60% de sus empleados con contrato laboral en España, así como para los considerados como emprendedores y “nómadas digitales”, así como la reducción de trámites administrativos, con la intención de generar un entorno flexible y competitivo.

Madrid, 21 de enero de 2022. – Mercer España prevé que la Reforma Laboral aumente el uso de los contratos fijos discontinuos. Esta es una de las conclusiones del webinar ‘Novedades legislativas en materia laboral, fiscal y de previsión social' celebrado esta mañana y donde los expertos de la compañía han analizado las implicaciones organizativas y económicas que las últimas iniciativas legislativas desarrolladas en 2021 pueden tener sobre empresas y trabajadores. Además de la Reforma Laboral, los analistas han hecho un repaso de la Ley de Presupuestos, la ley sobre Pensiones de la Seguridad Social y el proyecto de Ley de Startups.

 

La primera de estas normas, la laboral, está inmersa en un intenso debate político que pone en riesgo su ratificación en Cortes a pesar del consenso que han alcanzado patronal y sindicatos. Según el texto aprobado por el Gobierno se pretende corregir la excesiva temporalidad del empleo (26% según los últimos datos disponibles), revertir las dificultades de negociación colectiva y consolidar la figura de los ERTEs. Según Gloria Villar, Directora del área laboral de Mercer, su posible entrada en vigor a partir del 30 de marzo de 2022, supondrá un impacto para las empresas a la hora de planificar a medio y largo plazo su contratación temporal.

 

De esta manera, la nueva regulación elimina el contrato por obra y servicio y mantiene el contrato temporal de interinidad y por circunstancias de la producción. En este contexto Mercer prevé un aumento del uso de contrato fijo discontinuo que viene a sustituir al de obra y servicio.

 

A diferencia del contrato temporal, el contrato fijo discontinuo, sí podrá aplicarse a trabajos estacionales. En lo relativo a la subcontratación, el convenio aplicable será el del sector, no el de la empresa contratante. En el sector de la construcción, se amplía la protección obligando a recolocar al trabajador en otra obra o, a abonar una indemnización del 7% una vez finalizada la relación laboral.

 

A nivel de contratación hay dos novedades más. Se incorpora el contrato en alternancia y el contrato de práctica profesional en el ámbito formativo y en los contratos temporales inferiores a 30 días llevarán una cotización adicional.

 

Además, con esta reforma queda consolidada la figura del Expediente de Regulación Temporal (ERTE) por fuerza mayor al tiempo que se mantienen las exoneraciones a los trabajadores afectados. En cuanto a la negociación colectiva se elimina el plazo máximo de ultraactividad de un año para los convenios vencidos y se da prioridad al convenio sectorial estatal frente al empresarial, en materia de salario y complementos.

 

Otra de las reformas recientemente aprobadas y que comienza a aplicarse desde este año es la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones. El nuevo marco establece que cada año se revalorizarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en los doce meses previos al mes de diciembre, un 2.5% en 2022 para las pensiones contributivas. En cuanto al impacto sobre la jubilación, este Proyecto de Ley no altera las edades de jubilación ordinaria y de prejubilación. Sin embargo, sí modifica la manera de cálculo. Así, en caso de jubilaciones anticipadas por voluntad del trabajador (baja voluntaria o despido improcedente) a partir de enero de 2024 y, de forma progresiva hasta el 2034, afectará al cálculo de las pensiones máximas, donde se aplicarán coeficientes correctores sobre la pensión en vez del 0,5% trimestral por anticipación. La norma penaliza igualmente el adelanto de la jubilación, pero incentiva su retraso con incrementos del 4% de pensión por año de demora, en vez del 2% actual. Así mismo, El Mecanismo de Equidad Intergeneracional afectará, de momento, a las cotizaciones y no a las prestaciones.

 

“Con estas medidas, el Gobierno pretende aproximar la edad media de jubilación a la edad real, así como incentivar el ahorro colectivo del segundo pilar frente al modelo de ahorro individual, o tercer pilar”, argumenta Antonio Méndez, abogado experto en Previsión Social en Mercer.

 

En cuanto al Proyecto de Ley de Presupuestos, en vigor desde el 1 de enero, modifica los límites de aportación y por tanto reducción fiscal a planes de pensiones. En concreto, estable dos tramos de aportación, de manera que los empleados podrán aportar hasta 1.500€ a planes de pensiones individuales con opción de aportarlos a planes de empleo si no se usa esta opción; el segundo tramo de aportaciones permitirá un máximo de 8.500€ de manera conjunta entre empresa y empleado, con la salvedad de que la aportación empresarial no puede ser inferior a la del trabajador. 

 

En este sentido, Mercer prevé una menor flexibilidad para acceder a la jubilación y una mayor complejidad para las empresas en sus procesos de salidas y renovación de plantillas. Esto dificultaría la planificación e implementación de las políticas de sucesión, así como dificultades para retener el talento y cuellos de botella en el desarrollo de la carrera de empleados más jóvenes. Para paliar los efectos, Mercer propone implementar nuevas formas de trabajo para empleados más seniors y la elaboración de planes de carrera o la aplicación de sistemas de desvinculaciones.

 

Por último, Mercer ha puesto de relieve otra iniciativa que pretende marcar un nuevo hito para la generación de un entorno competitivo y favorable para la generación de riqueza y atracción de talento para las empresas emergentes del país. Se trata del denominado Proyecto de Ley de Startups. Una norma que, de ser aprobada, permitirá importantes beneficios fiscales para aquellas empresas que tengan la consideración de “empresas emergentes”, entre otros requisitos que tengan su sede permanente en el país y con al menos un 60% de sus empleados con contrato laboral en España, así como para los considerados como emprendedores y “nómadas digitales”, así como la reducción de trámites administrativos, con la intención de generar un entorno flexible y competitivo.

 

Según Ramón Portela, Director del área fiscal en Mercer, “uno de los principales objetivos de esta iniciativa es estimular el emprendimiento y evitar que los nuevos empresarios puedan verse perjudicados en caso de que sus proyectos no consigan llevarse a cabo. Además, permitirá fomentar la figura del trabajador nómada digital, tratando de impulsar el atractivo que indudablemente tiene nuestro país para empresas, emprendedores y estos trabajadores, de alto perfil tecnológico”.

 

Entre las ventajas fiscales destaca un tipo reducido al 15% en el Impuesto de Sociedades que tendría lugar desde el primer ejercicio fiscal con base imponible positiva y en los tres ejercicios siguientes, la eliminación de la obligación de efectuar pagos fraccionados durante los dos primeros años, el aumento de la base máxima de deducción en IRPF por adquisición de acciones o participaciones en empresas de nueva creación hasta 100.000€ anuales y 50% de porcentaje de deducción e incremento hasta 50.000€ anuales del límite de exención para incentivos en acciones.

 

Sobre Mercer

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